La Audiencia de Sevilla ha dejado en libertad al ex director general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano tras anular el Tribunal Constitucional su condena de seis años de prisión y 17 de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación en el caso de los ERE. Así se recoge en una providencia en la que el órgano judicial provincial ha expedido un "mandamiento de libertad" después de recibir la sentencia de la corte de garantías, que abre así la puerta del perdón al resto de los condenados a prisión en esta macrocausa, entre ellos, el expresidente de la Junta José Antonio Griñán.
Serrano, que entró en la cárcel de Sevilla el 2 de enero de 2023, ha abonado el centro penitenciario poco antes de las 21.00 horas de este mismo martes, acompañado por su abogado, justo un año y medio después de su encarcelamiento.
La sentencia del TC, que ha salido adelante con los votos a favor del bloque progresista y los cuatro del bloque conservador en contra, además de un voto particular concurrente, determina que se ha "vulnerado el derecho a la legalidad penal y la presunción de inocencia" del que fuera director general de la Institución de Fomento de Andalucía (IFA), después Agencia IDEA, organismo que se encargaba de pagar las ayudas de los ERE.
Recuerda la resolución del Constitucional que la sentencias condenatorias de 2019 y 2022 consideraron que Serrano firmó, en su calidad de director general del IFA/IDEA , convenios particulares con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta para el pago de ayudas sociolaborales y empresas en crisis con cargo a los fondos de la partida presupuestaria 440 del programa 31 L, el conocido como "fondo de reptiles", que estaba "incorporado las distintas leyes de Presupuestos".
Tanto en el delito de prevaricación como en el de malversación, el TC refiere los mismos argumentos que utilizó en la exoneración de la exministra Magdalena Álvarez. En el caso de Serrano, lo que dice el alto tribunal es que nadie puede ser condenado por un reparto de dinero que se llevó a cabo según lo dispuesto por una ley aprobada en el Parlamento, en este caso, la de Presupuestos.
"Nadie puede prever razonablemente que vaya a ser condenado por delito de malversación, esto es, por la disposición ilícita de caudales o efectos públicos, por realizar conductas que tienen cobertura en una norma con rango de ley que regula específicamente el supuesto de hecho al que ese individuo se enfrenta en su calidad de autoridad o funcionario público, pues tal ley, en tanto no sea declarada inconstitucional, ha de considerarse válida", dice textualmente la resolución judicial.
En relación con actuaciones que supongan una "disposición de fondos públicos para fines distintos a los previstos" en el mencionado programa, la sentencia concluye que las resoluciones impugnadas son "lesivas del derecho a la presunción de inocencia toda vez que los órganos judiciales no han argumentado suficientemente que fueran cometidos por el recurrente. La resolución judicial carece del desarrollo argumental constitucional necesario en este punto".
El letrado de Serrano, Juan Carlos Alférez, ha manifestado su "enorme satisfacción" por que el Constitucional haya estimado las "tesis defensivas", el abogado del despacho sevillano Constitución 23 ha señalado que la sentencia del TC, "cargada de razón y lógica jurídica, es una redefinición total del derecho aplicable al caso que, tal y como postulábamos desde las defensas, determina que la inmensa mayoría de los actos cometidos por los condenados ya no sean actos delictivos y que lo que se consideraba como actos de malversación de la totalidad de la partida presupuestaria, queden reducidos a una práctica minoría".
"Se elimina por completo la malversación global a la que fueron condenados a excepción de aquellos actos que verdaderamente constituyan una desviación clara de la finalidad para la que el legislador creó la partida, lo que sin duda afectará al devenir de las piezas por enjuiciar", avanza además este letrado, en un marco en el que la Audiencia de Sevilla ha celebrado ya aproximadamente los juicios correspondientes a una veintena de piezas de la macrocausa de los ERE.
Alférez precisa que en el caso de los directores generales de la Agencia IDEA a los que ha defendido, esta sentencia del TC "limpia por completo su conducta, su absolución es total", porque "la Agencia IDEA nunca podría haber cometido infracciones penales, pues su actuar se ajustaba a los mandatos de las distintas leyes de Presupuestos y no estaba a su alcance conocer el destino real de las ayudas concedidas".
"Creemos desde el máximo respeto que ha existido un enorme desconocimiento en la opinión pública sobre qué se enjuició en concreto en el llamado procedimiento específico, lo que lleva al error de sostener que se haya producido una malversación de 700 millones de euros. La malversación verdaderamente producida será la que se determine tras enjuiciar todas y cada una de las piezas y saber qué concretas ayudas se concedieron apartadas de la finalidad del programa y cuáles se ajustaron al programa", puntualiza el abogado defensor. El letrado, además, augura que las ayudas destinadas a fines diferentes "serán mínimas, pues la mayoría del programa fue a parar a los más de 6.000 prejubilados que a día hoy siguen cobrando su prejubilación".
El alto tribunal abordará este miércoles y jueves los recursos presentados por los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, ya con el tercer grado, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez. Tanto para Aguayo como para Fernández, el TC prevé también estimar sus recursos, parcialmente en el caso del exconsejero de Empleo e íntegramente en el de la extitular de Hacienda. El día 16 hará lo propio con el resto de los recursos, entre ellos, los de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Cabe recordar que el TC ya rechazó por unanimidad el recurso del exconsejero José Antonio Viera, al considerar que este no estaba argumentado; y el de Magdalena Álvarez, que se estimó parcialmente, con orden de que la Audiencia vuelva a dictar sentencia, pero excluyendo algunos hechos que en su día se consideraron como delictivos, por lo que se prevé una considerable rebaja de su condena a nueve años de inhabilitación.
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